La corrupción afecta de manera negativa no sólo el desarrollo
económico y el combate a la pobreza, sino también la distribución del
ingreso, la legitimidad del sistema político, la viabilidad del Estado, y
el grado de criminalidad. Más aún, la corrupción puede ser vista como
un “impuesto adicional” que termina por perjudicar más a aquellos con
menos recursos. Por ejemplo, no es lo mismo pagar una “coima” o
“mordida” de $20 dólares para alguien con ingresos relativamente altos,
que para una persona de escasos recursos.
Adicionalmente, la
ciudadanía en general sufre los efectos de la corrupción, pues ésta
impacta la calidad de los distintos servicios públicos que ofrece el
gobierno, como salud, educación, programas de apoyo social o la emisión
de licencias y permisos, por mencionar algunos.
En la literatura especializada en materia de control de corrupción se
enfoca el problema de la violación a las normas desde perspectivas
distintas que, sin ser antagónicas, parecieran que se presentaran como
tales. Es habitual que aún en las conversaciones más informales sobre
los motivos por los cuales las personas se corrompen, unos digan que es
un problema de falta de educación y/o de sanciones individuales
ejemplares, otros hagan hincapié en la falta de sistemas adecuados de
control y en la existencia de incentivos para corromperse (como bajos
salarios, escaso control social).
Los países de América Latina y el Caribe continúan enfrentando retos
importantes, a pesar de que han llevado a cabo distintos esfuerzos para
fortalecer sus marcos jurídicos e institucionales para una mayor
rendición de cuentas.
Algunas de las estrategias institucionales adoptadas son las campañas de
concientización masivas, el fomento de la transparencia y acceso a la
información, la implementación de herramientas preventivas (como los
sistemas de compras públicas electrónicas, el control de conflictos de
intereses y del patrimonio de los funcionarios públicos, o mecanismos de
participación de la sociedad civil), el fortalecimiento de los órganos
de control (como las Contralorías o Cámaras de Cuentas), o intentar
mejorar la eficiencia del sistema penal (a través, por ejemplo, del
endurecimiento de las sanciones por los delitos de corrupción, la
creación de fiscalías especializadas, la apertura de canales de
denuncia, los programas de protección de testigos y denunciantes).
Sin embargo, a pesar de de los esfuerzos mencionados anteriormente para
combatir la corrupción, muchas personas siguen buscando la manera de
darle la vuelta a las leyes y distintas reglamentaciones, con el
principal objetivo de obtener un beneficio propio.
Es por esta razón, que muchos han llegado a la conclusión de que el
problema de la corrupción es no sólo un problema de crear los incentivos
institucionales correctos, sino también un problema de cultura, falta
de educación ciudadana y aceptación generalizada de prácticas al margen
de la ley. Precisamente son estas personas quienes piensan que la mejor
arma contra la corrupción es la educación.
Siguiendo esta lógica, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil
en la región han realizado algunos esfuerzos para influir de algún modo
en la educación y cultura cívica de los ciudadanos. Un ejemplo típico
son las campañas publicitarias en las que, de distinta manera, se llama a
la ciudadanía a crear conciencia sobre los problemas que implica la
tolerancia a la corrupción, tanto de uno como de los demás.
A pesar de los beneficios e impacto que puedan tener las campañas
publicitarias anti-corrupción, a largo plazo resulta indispensable
instruir los valores ciudadanos de transparencia y honestidad desde que
somos estudiantes. Esto implica que a través de la educación básica e
intermedia se instruya a los jóvenes sobre lo que es la corrupción, sus
distintas modalidades y consecuencias colectivas negativas para la
convivencia y el desarrollo económico, político y social de sus
comunidades.
La importancia de educar a los futuros ciudadanos en temas
anti-corrupción se demuestra a través de los resultados de un
diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a
30,000 alumnos de 8vo grado en 6 países del continente (Chile, Colombia,
Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana). Este estudio,
titulado “Permisividad de la corrupción: corrupción, valores
democráticos y formación cívica entre los estudiantes secundarios en
seis países latinoamericanos”, demostró que a mayor educación cívica hay
menos permisividad de prácticas corruptas y menor tendencia a violar la
ley.
Para que sea exitosa, esta tarea educativa de combate a la corrupción
requiere de la generación de contenidos que sean fáciles de entender
tanto por parte de los maestros que van a enseñar –quienes además de
transmisores del conocimiento juegan un papel importante como modelos y
ejemplo a seguir–, como de los alumnos que van a aprender. La corrupción
debe enseñarse no como algo ajeno y complicado que solamente pasa en
las esferas de la vida política, sino como algo que sucede en la vida
cotidiana de las personas.
Por Nicolás Dassen y Alfredo González Briseño
Sector de Capacidad Institucional del Estado
Banco Interamericano de Desarrollo
transparency@iadb.org
Sector de Capacidad Institucional del Estado
Banco Interamericano de Desarrollo
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mismas compete a sus autores.
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Le agradeceremos responder a las siguientes preguntas para poder conocer su opinión sobre este tema. Una muestra de las respuestas recibidas será publicada en esta sección.
- ¿Cuál piensa que es la mejor estrategia para prevenir y controlar la corrupción a largo plazo? ¿Cree que la educación, y específicamente la educación ciudadana, en esta temática puede favorecer no solo el aumento del conocimiento de los estudiantes sobre la temática, sino también el cambio en sus comportamientos y actitudes? *
- ¿Qué tipo de enfoques educativos o estrategias pedagógicas
propondría para explicarle a los estudiantes lo que es la corrupción y
sus consecuencias negativas? *
- ¿En su experiencia, recibió alguna clase acerca de la corrupción como parte de su formación escolar? ¿Era congruente el comportamiento de los docentes y autoridades educativas con la educación recibida? ¿Conoce alguna política, programa o proyecto que se esté desarrollando actualmente en algún país de las Américas acerca de la temática? Si su respuesta es positiva por favor describa brevemente la iniciativa. *
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